La Justicia intervino por el cobro irregular del IFE

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En el fuero federal y provincial se iniciaron investigaciones de oficio. Son más de 50 funcionarios en la mira, según lo que se pudo constatar.

La «noticia críminis» fue el disparador para que, tanto en el fuero federal como en el provincial, se iniciaran investigaciones de oficio. El listado de funcionarios -entre los que figuran concejales, un intendente y un diputado-, que habrían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o intentado cobrarlo, fue la base para que se empezara a trabajar en el caso.

Desde el fuero federal se indicó que el fiscal Federal Ricardo Toranzos inició la investigación el jueves, el mismo día en que se conoció la noticia que publicaron FM Noticias y Buufo, por tratarse de fondos nacionales.Toranzos se reunió ayer con Susana Aramayo, titular de la Anses norte, quien radicó una denuncia. Aramayo puso a disposición del fiscal información del sistema de la Anses.

En paralelo, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, abrió la investigación «para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas».

Las defensas

La Justicia deberá abocarse a investigar a los 52 funcionarios que quedaron comprometidos. Muchos de ellos se defendieron asegurando que hubo «robo de identidad» e incluso dijeron haber radicado denuncias, como el concejal de El Bordo, Marcelo Segundo, o la concejal de Río Piedras, Raquel Gerez, que aseguró haber denunciado ante el Registro Civil de Salta «hace años» que una mujer de Mendoza tenía su mismo número de DNI.

En el listado además hay quienes figuran como inscriptos pero con solicitud del subsidio rechazada. Algunos de los que están bajo estas condiciones sostuvieron que fue una «prueba para ver cómo funcionaba el sistema». Jesús Cuéllar, presidente del Concejo Deliberante de Urundel, señaló por Radio 10 que se anotó de manera «inocente».

Ante las diferentes argumentaciones, la Justicia deberá dilucidar entre quiénes cobraron efectivamente, de los que se inscribieron y fueron rechazados. En ambos casos se deberá comprobar además la autoría del hecho, ya que varios funcionarios aseguran que, si bien fue aceptada la solicitud, no cobraron el dinero.

«Si se anotaron lo hicieron para cobrar, así que ahí hay una tentativa de fraude a la administración pública y los que cobraron será por fraude», explicó la fiscal Verónica Simesen de Bielke ante las posibles imputaciones.

El diputado por Santa Victoria Oeste, Francisco Acosta, criticó la «liviandad de la información» y aseguró que no se inscribió. «La carga de los datos del Anses es muy fácil», aseguró el legislador.

«Lo raro es que para tener acceso a la inscripción hay que tener la clave de la seguridad social. Hay que ver qué pasó», resaltó por otro lado la fiscal.

Al enterarse por este matutino de que el fiscal Toranzos también inició una investigación, Simesen aseguró que se evaluará «remitir a dicho fuero el caso».

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