En la polémica por la liberación de presos con la excusa del coronavirus, los jueces le respondieron al Gobierno: “Ninguna solución de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial”

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La entidad que reúne a los jueces nacionales emitió un comunicado y cuestionó la promoción de juicios políticos contra los magistrados que otorguen domiciliarias o libertades en el marco de la pandemia.

En medio de la polémica por las libertades y arrestos domiciliarios con la excusa del coronavirus, los jueces salieron a responderle al Poder Ejecutiv. Dijeron que ninguna de las soluciones sobre el deterioro de las cárceles y el hacinamiento está en los tribunales y advirtieron que “resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve”.

“Para lograr la revisión de decisiones judiciales que puedan estimarse equivocadas existen numerosos recursos procesales que la ley confiere en plano de igualdad tanto a los imputados o condenados como a los interesados por el delito”, advirtió la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

El comunicado dejó en claro que se pronunciaban «ante la polémica pública desatada en los últimos días en relación con determinadas excarcelaciones, detenciones domiciliarias y libertades anticipadas dictadas con fundamento en el peligro que entraña la propagación del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios» y luego de las «declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Nacional y de otros referentes políticos».

Es que las prisiones domiciliarias y libertades que se otorgaron desde que comenzó la pandemia por el coronavirus dejaron en el ojo de la tormenta a muchos funcionarios judiciales. De hecho el presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno no dispone la libertad de los presos y que el tema es competencia de los jueces. Y advirtió: «Si un juez hizo algo indebido, tendrá que explicarlo”

En ese contexto, la Asociación de Magistrados salió a responder. Advirtió que “ninguna solución al problema de fondo” de las cárceles, su deterioro y el hacinamiento se encuentra “en manos del Poder Judicial”. “Frente a tal tirantez, jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación de quien en otras circunstancias no podría aspirar a tales beneficios procesales. Y tal decisión, sea que resulte favorable o contraria al planteo, siempre tiene en consideración las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima si correspondiere (ley 27.372) y una infinidad de circunstancias propias del caso particular que se resuelve”.

“Es el Poder Ejecutivo, tanto en su nivel nacional como provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros. En este particular escenario fáctico, a los jueces y juezas les concierne determinar el derecho que será afectado en menor medida para privilegiar de ese modo otro que podría resultar lesionado con mayor intensidad, siendo potestad y obligación de los administradores del sistema penitenciario articular las medidas necesarias para que tales situaciones no deban ser dirimidas en el ámbito jurisdiccional”.

De esa manera, la entidad ratificó “el principio de que en el Estado de Derecho resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve, pues para lograr la revisión de decisiones judiciales que puedan estimarse equivocadas existen numerosos recursos procesales que la ley confiere en plano de igualdad tanto a los imputados o condenados como a los interesados por el delito”.

La asociación nuclea a cerca de 3.000 magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, y está presidida por Marcelo Gallo Tagle.

Presos en la Unidad 28 (Foto: Procuración Penitenciaria de la Nación)

Presos en la Unidad 28 (Foto: Procuración Penitenciaria de la Nación)

Pero no es la única entidad que salió a dar pelea frente a la polémica desatada por las excarcelaciones. Los jueces de la provincia de Buenos Aires también salieron a decir lo suyo. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires también había salido al cruce de las críticas. Habló de una “población carcelaria duplicaba el número de plazas” en diciembre y que hoy alberga a “45.000 internos para 24.000 lugares”

Los datos son contundentes: las cárceles existentes en la provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de libertad que genera el sistema judicial bonaerense en el cual nos desempeñamos. Este desequilibrio desatiende mandatos constitucionales y pactos internacionales. Y puede generar responsabilidad del Estado. Las políticas públicas deben orientarse a equilibrar el sistema. Los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos las políticas públicas, no edificamos cárceles, ni compramos tobilleras. Actuamos aplicando las leyes por mandato constitucional”, se sostuvo.

Según se planteó, “las morigeraciones, arrestos domiciliarios y demás resoluciones excarcelatorias solicitadas han sido analizadas por los magistrados caso por caso. Todas estas decisiones son recurribles por las partes. El Ministerio Público Fiscal, que representa los intereses de la sociedad, puede apelarlas y promover la revisión de cada decisión”.

“Tenemos la tasa de prisionización más alta del país, lo que significa que hay más detenidos por cantidad de habitantes que en cualquier otro punto de Argentina. La vocación de los magistrados y funcionarios bonaerenses es solucionar pacíficamente las controversias, poner límites a los abusos y evitar que los delitos queden impunes”, se advirtió.

En ese escenario, la entidad advirtió: “este Colegio, en línea con la posición histórica sostenida en sus más de 55 años, expresa su rechazo a la injerencia indebida de quienes pretenden incidir o sancionar a los magistrados por los contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales”. Un punto que la entidad buscó destacar es que “la provincia de Buenos Aires no ha adherido a la Ley Nacional de Víctimas” y destacó que el colegio “promueve que se proceda a su adhesión legislativa, para que las víctimas y sus familias puedan ser escuchadas y ejercer así plenamente sus derecho”.

Por último, los jueces y funcionarios bonaerenses reclamaron “asignar mayor presupuesto para garantizar la sanidad en las unidades penitenciarias y construir más lugares de alojamiento, así como para que se adquieran tobilleras electrónicas, botones antipánico u otros sistemas de monitoreo confiables, a fines de optimizar la protección de la ciudadanía”.

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