El Ministerio Público expulsó a un funcionario por violento

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Las maniobras discriminatorias y amenazantes contra una abogada fueron corroboradas por jueces y testigos, y consta en la resolución del alto tribunal.

“- Doctor, ahora no puedo llevarme esa documentación. Mañana sin falta la retiro cuando venga el empleado administrativo.

– Pero andá a hacerte cog….. .

– Perdón, ¿qué me dijo doctor?

– Lo que escuchaste, que te hagas c…. eso te vá a venir bien a vos, b****a de m****a”.

Este aberrante diálogo no se produjo entre personas que se encontraban en estado de ebriedad, o bajo el efecto de estupefacientes, ni es entre marginales que apelan a la violencia contra la mujer como moneda corriente.

El intercambio se produjo entre dos funcionarios del Ministerio Público de la localidad de Embarcación que ostentaban el mismo cargo de secretarios letrados de la asesoría de Menores e Incapaces en esa localidad: una abogada y un abogado, oriundos de Tartagal.

El incidente tuvo lugar el año pasado, más precisamente el día 20 de diciembre, en plena actividad laboral, cuando la secretaria letrada se dirigió a su par que le reclamaba que retire una documentación que había dejado en esa oficina.

Luego del hecho, que afortunadamente para la mujer pudo ser atestiguado por otros empleados (de otra manera hubiera sido solo la palabra de ella contra la de él y probablemente hubiese quedado en la nada el patético episodio), la joven visiblemente afectada por la situación, por la humillación que había vivido por parte de otro funcionario con su misma jerarquía, se dirigió hacia el Juzgado de Violencia de Género de Tartagal, a cargo de la jueza Susana Menéndez, quien en forma más que expeditiva tomó medidas para proteger a la profesional. Menéndez le prohibió al sujeto dirigirse a su colega asesora letrada, amenazarla, mandarle cualquier tipo de mensaje por medio de cualquier dispositivo tecnológico y lo obligó a que mantenga una distancia con la víctima.

La causa siguió su curso y dos semanas atrás el procurador General de la Provincia, Abel Cornejo; el defensor general de la provincia, Pedro Oscar García Castiella, y la asesora general de Incapaces Mirta Lapad, firmaron como integrantes del Colegio de Gobierno de la Provincia de Salta la resolución aplicando la sanción más severa prevista en el artículo 108 del Ministerio Público fiscal de la provincia, la Ley 26.485 de protección integral de las mujeres y el artículo 9, incisos A y B, del citado organismo: la cesantía inmediata del funcionario en cuestión.

Denunciado con anterioridad

El denunciado, y ahora exsecretario letrado de la Defensoría de Embarcación, es el abogado del fuero local Lino Oscar Velázquez, y en la ejemplificadora sanción impuesta por el Colegio de Gobierno de la Provincia como órgano superior, se tomaron en cuenta los antecedentes del abogado cuando se desempeñaba en el mismo cargo pero en Tartagal.

“Las faltas de conducta atribuídas al Dr. Velázquez consistieron en situaciones de violencia en el ámbito de la dependencia y de cometer reiteradas faltas en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, conforme se detalla en el acta de imputación”, dice uno de los párrafos de la resolución sobre el desempeño que ya había tenido años atrás en Tartagal.

En la instrucción, Velázquez contó con el asesoramiento legal de su hermana, la Dra. Irene Velázquez, pero las declaraciones testimoniales del asesor de Incapaces de Embarcación, el Dr. José Eduardo Cortez, y de otros empleados de esa dependencia fueron determinantes para que sea expulsado del organismo.

“Este Colegio de Gobierno tiene por comprobado el contenido de la denuncia respecto de los hechos denunciados, de los insultos proferidos por el sumariado, con contenidos agraviantes, sexistas y descalificantes en contra de la dignidad y el decoro de la denunciante”, consigna la resolución, y agrega que “resulta conveniente poner de manifiesto que el Dr. Lino Velázquez tiene antecedentes disciplinarios por incumplimientos de los deberes a su cargo, por lo que fue pasible de multas y suspensión según la resolución 244 del Ministerio Público Pupilar. A consecuencia de ese sumario fue trasladado desde Tartagal hacia Embarcación el 7 de noviembre de 2018. Y no aportó ninguna prueba que refute lo denunciado”.

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