El juez Diez, imputado por violencia de género, recuperó su cargo

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Fue beneficiado por el Jurado de Enjuiciamiento, que revocó la suspensión que regía en contra del magistrado porque pasaron más de dos años sin definiciones en la causa penal.

Después de dos años y cuatro meses de estar suspendido, el juez Federico Diez retomó el miércoles de la semana pasada a su puesto como titular de la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro. Lo único que cambió en la causa por violencia de género que se sigue en su contra desde julio de 2016 es el tiempo.

Fue el paso del tiempo sin que se haya elevado a juicio su caso, como se requirió en distintas instancias y niveles, lo que determinó la vuelta a su despacho de Ciudad Judicial.

El regreso del imputado por presuntamente haber atacado a su expareja y amenazarla con un arma ocurrió con absoluta discreción. Está claro que nadie en la Justicia salteña quiere hacerse cargo de explicar lo inexplicable: que se haya dejado dormir una causa de gran relevancia institucional y que por esa desidia (¿ex profeso?) el juez pueda quedar libre de cargo y culpa sin ser juzgado. Con el mismo argumento de prescripción por el que Diez fue beneficiado con la devolución de su cargo, podría ser absuelto.

Con una resolución firmada el 20 de noviembre pasado, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia determinaron dejar sin efecto la suspensión al magistrado que el mismo organismo, presidido por el juez de la Corte de Justicia Guillermo Catalano, había ordenado el 6 de agosto de 2018. En esa oportunidad, el jury trabó también un embargo sobre el 30% del sueldo del magistrado, quien la semana pasada le puso fin a unas vacaciones forzadas de más de dos años con goce de haberes (el 70% del mismo).

El jury actuó ante un planteo de Federico Diez, que en lo técnico no tiene ningún reproche: pasaron más de dos años (plazo que exige el Código Procesal Penal para resolver un proceso) sin que su causa haya tenido una sentencia.

La resolución incluyó también un tirón de oreja para la jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio, María Victoria Montoya Quiroga, quien tiene el caso de Diez a su cargo. La exhortaron a «proseguir con el juzgamiento de la causa penal, con el objeto de poner fin a la situación de incertidumbre que acarrea todo el proceso penal y a efecto de no menoscabar la garantía constitucional y procesal de la duración razonable del proceso». Así lo consigna el documento firmado por los miembros del Jurado de Enjuiciamiento.

A eso habría que agregar que el caso de Diez ocurrió en una provincia donde la violencia contra las mujeres es endémica. Las dilaciones en resolver una causa tan delicada (ya sea a favor o en contra del imputado) y que mancha al Poder del Estado donde las víctimas de violencia machista recurren para protegerse es, al menos, un pésimo ejemplo.

Fue la jueza Montoya quien en octubre de 2018 resolvió anular la elevación a juicio contra su colega, luego de que nadie quería juzgarlo.

Los jueces Martín Pérez, Federico Armiñana Dohorman, Francisco Javier Araníbar y Ángel Amadeo Longarte se habían excusado de encabezar un juicio contra Diez.

La causa es remitida de nuevo a juicio, ante el pedido de la defensa del magistrado imputado, pero Montoya dispuso sobreseer por «prescripción de la acción penal» a Diez con respecto al delito de «lesiones leves agravadas por la relación preexistente y por constituir violencia de género y rechazar idéntico planteo en lo que hace al delito de amenazas con arma».

Pasaron largos meses y en junio de este año, la Sala I del Tribunal de Impugnación revocó el sobreseimiento de Diez y también denegó un recurso de inconstitucionalidad que había presentado el acusado. Ese planteo está ahora en trámite en la Corte de Justicia, sobre el que se tendrá que excusar el nuevo integrante del Alto Tribunal, Horacio Aguilar, quien fue uno de los abogados defensores de Federico Diez.

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