Deuda: el Gobierno prorroga hasta el 19 de junio la negociación con los bonistas

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El Gobierno anunció hoy que extenderá una semana más, hasta el 19 de junio, la renegociación de la deuda con los bonistas con títulos bajo legislación extranjera, pese a que se esperaba para hoy la enmienda a la oferta original y el principio de un posible acuerdo.

Ya cuatro fuentes oficiales embarcadas en la negociación habían adelantado que esa posibilidad se estaba barajando en el Ministerio de Economía. Lo mismo habían anticipado a este medio una fuente cercana a los acreedores externos y otra en Washington. Finalmente, esas sospechas fueron confirmadas por el Palacio de Hacienda, que publicó la prórroga pedida oficialmente ante la Comisión de Valores de los EE. UU. (SEC, por las siglas en inglés). Se trata de la cuarta prórroga a la oferta original y vuelve mostrar que, pese a los acercamientos de las partes, todavía quedan diferencias significativas.

Hoy era el deadline de la tercera prórroga que hizo el Gobierno de las negociaciones en las que lleva embarcado ya varios meses. El ministro de Economía, Martín Guzmán, con aval de Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró que no puede mejorar su propuesta por encima de un valor presente neto de 50 centavos por dólar a tasa de descuento de 10%. Sin embargo, los bonistas reclaman que la propuesta llegue, en promedio, hasta los 53 centavos por dólar.

En los últimos días, surgió la posibilidad de que el equipo que trabaja con el ministro ofrezca un bono atado a las exportaciones argentinas para poder acercar posiciones. Ese value recovery instrument (VRI, según las siglas en inglés) no sería del gusto de todas la partes, ya que algunos fondos de inversión buscan un flujo que no esté condicionado en el tiempo por variables que no consideran asegurables en un país inestable como la Argentina.

El Ministerio de Economía pensaban presentar hoy la enmienda a la oferta de la deuda presentada el 16 de abril último. Una vez realizada se abriría un período de diez días para definir la tasa de adhesión a la nueva oferta. La primera, el 8 de mayo, tuvo una aceptación cercana al 13%, según datos del mercado nunca confirmados en el Palacio de Hacienda.

«Soft default»

Fernández dice que no quiere caer en default
Fernández dice que no quiere caer en default Crédito: Presidencia

El último 22 de mayo, el país ingresó en un default selectivo, o un «soft default», como lo llamaron en el Ministerio de Economía, luego de que se cumpliera el período de gracia de un mes después de no pagar el 22 de abril los intereses de tres bonos Global por US$503 millones. Sin embargo, embarcado en negociaciones de «buena fe», por ahora, el Gobierno logró evitar que un 25% de los acreedores, la masa necesaria, acelerara la deuda.

La oferta original implicaba una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital del 5,4% (US$3600 millones) y un período de gracia de tres años. Eso significaba que el Gobierno no tendría que hacer pagos hasta 2023. Ese año, el país empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%. El mismo iría creciendo a niveles «sostenibles» y el cupón promedio rondaría finalmente el 2,33%.

Cuando presentó más detalles, Guzmán aclaró que de su oferta inicial surgía una estructura de bonos amortizables con tasas escalonadas, quitas de capital por bono que iban de entre 12% y 18% para los papeles más cortos según la moneda, un esquema de «opcionalidades» para elegir los nuevos papeles y diluir el poder de los bonistas y vencimientos hasta 2047.

Con el tiempo y el avance de las negociaciones, la propuesta del Gobierno mutó, aunque aún sin una presentación formal ante la SEC. El Gobierno eliminó las quitas de capital y bajó de tres a dos años el período de gracia, uno de los temas más debatidos junto con el reconocimiento de los intereses corridos en el período de gracia, entre otras mejoras aplicadas.

De la misma manera, por lo menos dos grupos de bonistas acercaron una propuesta que consideraban sustentable y que ofrecía un alivio de hasta US$36.000 millones en nueve años. Fue calificada por Guzmán como un avance «insuficiente».

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