Desestiman cautelar de no innovar

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La Corte de Justicia de Salta desestimó una cautelar de no innovar planteada en una acción de inconstitucionalidad por la empresa EDESA SA contra los artículos 2, 3, 4 y 18 del Decreto 680 reglamentario de la Ordenanza 15192. La Ordenanza 15192 y su modificatoria 15328 dispuso que las empresas de servicios que utilizan postes para el tendido de cables en la vía pública deben identificarlos y presentar un relevamiento anual, atribuyéndole al municipio la facultad de retirar cables o postes no reconocidos. La empresa adujo que el decreto reglamentario excedió lo dispuesto por la ordenanza al legislar sobre cuestiones de competencia de la provincia y el Ente Regulador de los Servicios Públicos cuestionando que se legislara sobre el número de postes permitidos por cuadra y la facultad de remoción de la autoridad en caso de excederse de esa cantidad.

Por ello es que pidió que se dicte medida cautelar de prohibición de innovar.

Los jueces de la Corte de Justicia recordaron que las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la eficacia práctica de la sentencia y que particularmente constituyen una decisión excepcionar.

Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, por lo que las medidas cautelares deben dictarse sólo cuando hay requisitos específicos como el daño irreparable, ilegalidad manifiesta o indudables razones de interés público.

Y puntualizaron que “no se advierte que las normas objetadas exhiban con evidencia los reproches que la accionante le atribuye. Tampoco se advierte, en el provisional marco de análisis que corresponde a este tipo de medidas, que al reglamentar la Ordenanza 15192 el ejecutivo municipal haya excedido las atribuciones que le confieren la Carta Municipal (Ley 6534) y la Constitución Provincial, circunstancia que impide tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado.”

Pero además marcaron que el objeto de la medida cautelar coincide con el objeto del juicio por lo que el otorgamiento implicaría anticipar indebidamente la sentencia definitiva y adelantar opinión sobre la validez de las normas cuestionadas “lo que significa tanto como dictar sentencia sobre la cuestión de fondo planteada sin escuchar a la demandada, vulnerándose las garantías constitucionales a un debido proceso y de defensa en juicio.”

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